EL JUEZ INICIA LA INVESTIGACIÓN POR EL ESPIONAJE AL 'NÚMERO DOS' DE AGUIRRE
El titular del juzgado número 47 de Madrid, José Sierra, ya ha iniciado su instrucción sobre el espionaje sufrido por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), número dos de Esperanza Aguirre. Sierra investigará los dossiers que destapó EL PAÍS el 20 de enero -el seguimiento con cámara oculta a González durante un viaje a Colombia en 2008 y otro de un viaje a Johanesburgo ese mismo año donde se hace referencia a adjudicaciones sospechosas- y un tercer dossier, publicado posteriormente por Público, también sobre adjudicaciones del vicepresidente. "La apertura de diligencias supone que hoy se ha producido la judicialización de este presunto caso de espionaje", explicó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Los autores de los dossiers -desconocidos hasta el momento- podrían haber incurrido, según la denuncia que presentó en su día el vicepresidente, en el delito de descubrimiento y revelación de secretos, penado con hasta cuatro años de cárcel.Además del espionaje al número dos de Aguirre, EL PAÍS ha revelado la existencia de otros seguimientos a dirigentes del PP -éstos enfrentados políticamente a Aguirre-: el vicealcalde Manuel Cobo y el ex consejero madrileño de Justicia Alfredo Prada. Pero ambos han denunciado ante la Fiscalía de Madrid, no ante el juez, así que su caso depende de que el fiscal decida inhibirse y remitirlo al juzgado. O de que, en una fase más avanzada del proceso, el juez concluya que todo tiene que ver con una única trama delictiva y reclame la investigación.
En paralelo al proceso judicial prosigue el avatar político. Ayer habló la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, para repetir lo que el pasado lunes ya subrayó tres veces: que la investigación interna iniciada por el partido sobre el espionaje político en Madrid no está cerrada, sino "suspendida" durante el tiempo que dure la comisión de investigación en el Parlamento regional. Lo dijo durante una visita a la sede del PP en París, y el protocolo hizo que en ese acto estuviera también el espiado Alfredo Prada en su actual condición de director del PP en el Exterior. Prada se mostró dispuesto a acudir a la comisión parlamentaria si es citado, aunque recalcó que la investigación que le interesa es la judicial.
En nombre de los más fieles a Esperanza Aguirre, el consejero de Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan Jesús Güemes, volvió a cargar sus palabras con ironías contra el propio PP. "Pregúntenle al señor Rajoy. Yo no tengo la información que tiene Rajoy. Yo, desde luego, no he visto ningún dossier", afirmó. La víspera, Rajoy había admitido que el escándalo del espionaje no es "un rumor" sino que está apoyado en "muchos documentos". Sobre la comisión de investigación, Güemes avisó de que el PP no permitirá que se convierta "en un circo".
Por otro lado, el alcalde de Getafe (Madrid) y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el socialista Pedro Castro, anunció que emprenderá "acciones legales" tras leer en la revista Interviú que también él fue espiado en 2007. Una portavoz municipal precisó después que acudirán a la fiscalía.
Castro dijo estar "indignado, dolorido y rabioso" al saberse víctima de "tan oscuras prácticas", y añadió que en los últimos años había confesado a colaboradores y familiares que tenía "la sensación" de sentirse espiado. "Era una percepción de que alguien me observaba", aseguró. Nunca llegó a denunciarlo. El presidente de la FEMP exigió a la Comunidad que llegue "hasta las últimas consecuencias" y, aunque dejó claro que no puede "acusar a nadie", aprovechó para deslizar un mensaje: "Pensé que este tipo de prácticas, que están más cercanas al pasado más triste y oscuro de este país, habían sido erradicadas de las administraciones que gobiernan a los ciudadanos".
UNA FIRMA BENEFICIADA POR GONZÁLEZ TIENE DE SOCIO A SU HERMANO
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó en diciembre de 2006 la explotación de un campo de golf en el centro de Madrid a un consorcio integrado por tres sociedades, una de ellas denominada Tecnoconcret. Pues bien, el 10 de noviembre de 2008, uno de los hermanos de González compró más del 30% de las acciones de dicha empresa. Y un porcentaje idéntico adquirió José Juan Caballero, uno de los cuñados del número dos de Esperanza Aguirre.
Los datos a los que ha tenido acceso Público figuran en el Registro Mercantil de Madrid y, lógicamente, no están incluidos enel dossier sobre González manejado por la cúpula del PP, ya que dicho informe fue escrito a finales de 2006 o principios de 2007.
El Canal de Isabel II, empresa pública que preside Ignacio González, adjudicó el campo de golf de Chamberí a un consorcio formado por las empresas Iridium, Soto Once y Tecnoconcret. La concesión se produjo el 27 de diciembre de 2006, por un periodo de cinco años, prorrogable a otros cinco en caso de que ambas partes se muestren de acuerdo. Las tres sociedades tenían la obligación de formar una nueva compañía para explotar las instalaciones deportivas, y así lo hicieron el 15 de febrero de 2007, al constituir Green Canal Golf.
La decisión de construir un campo de golf y ocho pistas de pádel sobre los antiguos depósitos de agua del Canal de Isabel II contó con una fuerte oposición de los vecinos, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtiran en un espacio público.
En abril de 2007, la revista Tiempo publicó que Tecnoconcret era propiedad de un socio del hermano y del cuñado de González. Efectivamente, en aquel momento, en el Registro Mercantil figuraban oficialmente como únicos socios de la empresa un ingeniero llamado José Antonio Clemente y su esposa.
Clemente era socio de Pablo González y José Juan Caballero, hermano y cuñado del vicepresidente madrileño, en otra compañía denominada Tamanaco 07 Consulting. Esta empresa se había constituido el 21 de junio de 2006, seis semanas antes de que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicase el concurso para adjudicar el campo de golf. Curiosamente, el objeto social de Tamanaco 07 Consulting era la “explotación de instalaciones deportivas”.
Al hacerse públicos estos datos, el vicepresidente González compareció ante los medios de comunicación, el 27 de abril de 2007. Visiblemente nervioso, en tres ocasiones rehuyó aclarar si sabía que había adjudicado el campo de golf a un socio de sus familiares directos. Y como principal argumento de defensa utilizó el siguiente: “La adjudicación se ha hecho a una UTE donde no figuran familiares míos”.
González no se abstuvo en la votación del consejo de administración del Canal de Isabel II y tampoco advirtió a los demás consejeros de la relación que existía entre su familia y una de las empresas adjudicatarias.
Todo el entramado empresarial resultaba altamente sospechoso. Lo lógico era pensar que Clemente actuaba en Tecnoconcret como testaferro de los familiares de González, que evidentemente no podían aparecer en el accionariado de la sociedad adjudicataria del campo de golf. Pero no había documentos que probasen esa sospecha.
Aunque los partidos de la oposición consideraron que ya era suficientemente escandaloso que el beneficiario fuese un socio del hermano y del cuñado de González, la presidenta Aguirre respaldó entonces a su número dos y no adoptó ninguna medida. Un mes después, el PP amplió su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas.
Cuando casi todo el mundo había olvidado la polémica concesión, Tecnoconcret realizó una ampliación de capital de 100.000 euros, acordada el 10 de noviembre de 2008. José Antonio Clemente, Pablo González y José Juan Caballero –a través de su empresa Proyectos Ecosistemas– suscribieron cada uno el 31,6% de las nuevas acciones. Entre el hermano y el cuñado de González controlan, por tanto, la mayoría absoluta del capital.
De esta forma, el accionariado de Tecnoconcret pasó a ser prácticamente idéntico al de Tamanaco 07 Consulting. Y se confirma, así, la relación entre los familiares de González y la empresa que recibió la adjudicación del polémico campo de golf de Chamberí.
Fuentes del Canal de Isabel II aseguraron ayer a este diario que, “hace aproximadamente un año”, Iridium le compró sus acciones a las otras dos empresas que recibieron la adjudicación para explotar el campo de golf; es decir, a Soto Once y a Tecnoconcret. Según esta versión oficial, por tanto, los familiares de González ya no formarían parte de Green Canal Golf.
CONTRATOS MILLONARIOS PARA EL COMPAÑERO DE VIAJE DE GONZÁLEZ
La empresa de Enrique Sánchez obtuvo por 59 millones la seguridad del Canal y de Metro - El suburbano rescindió el acuerdo por incumplimiento
La empresa de seguridad Segurisa (Servicios Integrales de Seguridad, SA) ha sido adjudicataria de dos contratos de la Comunidad de Madrid que suman 59,3 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez González, viajó a Johanesburgo en marzo de 2008 con el número 2 del Gobierno de Esperanza Aguirre y presidente del Canal de Isabel II, Ignacio González. Fue un viaje privado que aparece en el informe de un seguimiento parapolicial a González.
La empresa dejó sin cubrir "hasta el 50%" de los servicios, según Metro
La presunta acusación del dossier (cuya existencia fue revelada por EL PAÍS) era que el viaje suponía un regalo a Ignacio González por la adjudicación de contratos públicos millonarios a Segurisa. El informe incluye una fotocopia de los pasajes de vuelo de González y de su esposa a Suráfrica. El vicepresidente de la Comunidad señaló a este periódico que había pagado su pasaje "en metálico" y que estuvo en Johanesburgo para visitar al embajador de Suráfrica que es amigo suyo.
Respecto al presidente de Segurisa, Ignacio González fue tajante: "No es amigo mío, ni le adjudiqué nada". Pero la empresa de seguridad resultó adjudicataria de dos contratos para prestar servicios de vigilancia entre 2005 y 2006. Uno en el Canal de Isabel II, por dos años prorrogables a cuatro, y otro en Metro, que fue rescindido antes de tiempo por incumplimiento de contrato, según confirmó ayer a EL PAÍS la empresa que gestiona el suburbano.
El primer contrato a Segurisa data de octubre de 2005. La empresa resulta adjudicataria de los servicios de seguridad y vigilancia en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II, del que ya era presidente Ignacio González.
El periodo propuesto en el pliego del concurso convocado por la vicepresidencia era de dos años prorrogables a dos más a razón de 19.423.665 euros anuales. El procedimiento era restringido, una figura incluida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que supone que el adjudicador invita al concurso a un número determinado de empresas.
Segurisa obtuvo la concesión por 33.489.078 euros, cinco millones menos que el presupuesto de salida (38.847.330 euros). Y actualmente sigue al frente de la seguridad en el Canal, según confirman trabajadores de la empresa.
En el segundo contrato público, firmado seis meses después, Segurisa aparece entre las adjudicatarias de la vigilancia de Metro de Madrid.
El servicio de seguridad en el suburbano se divide por líneas y tramos que se repartieron en cinco contratos a los que optaron nueve empresas diferentes en 2006. El plazo era de dos años prorrogables a cinco. A Segurisa le correspondieron 25,9 millones de euros -la cuantía más baja de las cinco adjudicaciones- por prestar servicio en la línea 3 y en un tramo de la línea 4. Pero no llegó a cumplir ni siquiera los dos primeros años. Metro le rescindió el contrato en enero de 2007, nueve meses después de la adjudicación, por "incumplimiento" de la empresa, según un portavoz del suburbano. Ese incumplimiento supone que Segurisa dejó sin cubrir "hasta el 50% de los servicios" a los que se había comprometido, según Metro, al no aportar el número necesario de trabajadores a sus tramos de la red. El portavoz de la empresa pública del suburbano asegura que Segurisa sólo ha cobrado "la parte proporcional del dinero" por el servicio prestado durante el tiempo que el contrato estuvo en vigor. No especificó la cantidad. Segurisa, creada en 1988 y con sede principal en Madrid, dispone de 1.326 empleados.
Las líneas de metro que gestionaba Segurisa fueron repartidas entre otras tres empresas. Antes de la rescisión, fue una de las adjudicatarias que se vieron envueltas en el escándalo de las agresiones de los vigilantes de Metro a viajeros. En uno de los vídeos difundidos por EL PAÍS, un trabajador de seguridad de la línea 3 con uniforme golpeaba a un pasajero junto a la puerta de salida de una estación.
Este periódico intentó recabar ayer sin éxito los testimonios de Enrique Sánchez González y de Ignacio González sobre las adjudicaciones de ambos contratos públicos.
Ignacio González denunció a la Fiscalía de Madrid los seguimientos durante dos viajes a Colombia y a Suráfrica recogidos en dos informes. El titular del Juzgado número 47 de Madrid ordenó el pasado 26 de enero incoar diligencias al hallar indicios de delito en la denuncia del vicepresidente del Gobierno regional.
En el dossier de la visita de González a Johanesburgo aparece una fotocopia de los billetes de avión del vicepresidente y de su esposa. La presunta acusación del informe era que el viaje era un regalo de Enrique Sánchez González como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos millonarios. El documento refleja que Ignacio González pagó su viaje y el de su mujer (unos 8.000 euros) en metálico. González aseguró a EL PAÍS que los abonó así porque le venía bien. El número 2 del Gobierno de Aguirre negó entonces que fuera amigo del presidente de Segurisa y que le hubiera adjudicado nada.
EL EX CARGO DEL PP OBTUVO LA RECALIFICACIÓN EN COLLADO VILLALBA
Pedro Antonio Martín Marín, uno de los hombres del vicepresidente Ignacio González y ex alto cargo del PP -secretario de Estado de Deportes, de Comunicación y presidente del Consejo Superior de Deportes con los Gobiernos de José María Aznar-, consiguió la recalificación de 11,9 hectáreas de suelo protegido en Collado Villalba, de las que él poseía una parte. Incluso con la prohibición de la fiscalía, que dijo en 1997 que no se podía construir en esos terrenos porque tenían una "especial protección ecológica". Martín recurrió supuestamente al arquitecto Pedro Ortiz, entonces director general de Urbanismo en el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón. "Me pidió que recalificara sus terrenos", denunció el jueves Ortiz en la cadena SER. Él se negó porque "era ilegal". Fue entre 1995 y 1996. Finalmente, logró la recalificación en 2001, con Ortiz ya fuera de Urbanismo. Martín es amigo de González y le acompañaba en el viaje a Johanesburgo, donde fue espiado. Es presidente de Madrid Deportes y Espectáculos, que gestiona el Palacio de Deportes.
En 1997 el Gobierno regional anunció que paraba el cambio de uso
La zona hoy está edificada, con casas que lindan con un terreno protegido
González se desvinculó ayer de la petición ilegal de recalificación de Martín a Ortiz. "Es evidente que yo conozco a Pedro Antonio Martín Marín pero en 1995 y 1996 yo no conocía a este señor. Le conocí cuando llegamos al gobierno en el 96", subrayó. "Si alguien quiere insinuar que aquí hay algún tipo de connivencia para una recalificación de hace 14 años es claramente una tergiversación", añadió ayer, en la firma de un convenio entre el Canal de Isabel II y Collado-Villalba.
Martín inició la gestión de recalificación de las 11,9 hectáreas en 1995. Junto a los otros cuatro propietarios de la zona Arroyo Arriba -entre ellos, una concejal del PP del municipio, Esperanza Seoane- pidió al Ayuntamiento que cambiara el uso de la finca. Los terrenos, pegados al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, estaban protegidos, igual que la cuenca del río, puesto que la norma subsidiaria de 1986 que ordenaba el territorio (a falta de un plan general) sólo distinguía entre suelo protegido y urbanizable.
El Gobierno municipal del PP consideró que como el terreno linda por el sur con una urbanización, podía recalificarse, y que además eso convenía a las necesidades de crecimiento del municipio. En consecuencia, el PP, con el apoyo del PSOE, aprobó en octubre de 1995 un proyecto que permitía la construcción de 613 viviendas de tipo multifamiliar (pisos de hasta tres plantas) en la zona.
En esa primera gestión, y en todas las posteriores el PP y el PSOE se aliaron para aprobar la recalificación y se encontraron de frente tanto a IU como a Ecologistas en Acción. El proyecto se discutió en cuatro ocasiones en pleno entre 1995 y 1997, y acabó en 144 viviendas, en lugar de las 613 previstas inicialmente.
En ese intervalo, Martín acudió supuestamente a Ortiz y le pidió que autorizara la recalificación, que necesitaba la aprobación de la Comisión de Urbanismo regional. Ortiz, según lo declarado a la cadena SER, se negó. En 1997 se discutió por última vez en pleno el cambio de uso del suelo. La recalificación estaba casi acabada. Pero entró en juego la fiscalía. Tras examinar las denuncias de IU y de Ecologistas en Acción, dijo que el Ayuntamiento había ocultado a la Comunidad que la finca que pretendía hacer urbanizable tenía una catalogación de "especial protección ecológica". El alcalde de entonces, José Luis Peñalvo (PP) lo negó. Y replicó que un informe de Medioambiente aseguraba que "los valores ecológicos de Arroyo Arriba" estaban "notablemente deteriorados". El que era consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, aseguró que después de la revelación de la fiscalía, la recalificación estaba denegada.
Pero no fue así porque esos terrenos son hoy de uso residencial urbanizable. Tienen varias casas construidas y otras muchas en construcción. El alcalde socialista, José Pablo González, aprobó en 2001 el Plan General de Ordenación Urbana que recogió el cambio de uso. La Comunidad no se pronunció sobre la recalificación, y dio luz verde al Plan General. Hoy las viviendas de Arroyo Arriba tienen una vista privilegiada de la cuenca del Manzanares, con la que linda.
El actual alcalde de Collado-Villalba insinuó ayer que quizá Ortiz se confundió en sus declaraciones y se refería a un solar de Galapagar, también propiedad de Martín (con el que este periódico trató de contactar, sin éxito). Ortiz lo negó: el suelo que Martín quería recalificar y al final se recalificó es el de Collado-Villalba.
EL GOBIERNO DE AGUIRRE HA ADJUDICADO CONTRATOS MILLONARIOS A LA SOCIA DE LA MUJER DE IGNACIO GONZÁLEZ
Carmen Cafranga es consejera de Caja Madrid y accionista de la empresa que preside la mujer de González. Posee varias empresas que han recibido contratos y subvenciones de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2 340.000 euros
Carmen Cafranga Cavestany, es consejera de Caja Madrid y accionista de la empresa que preside la mujer de González. Amiga personal de Ana Botella, Cafranga posee además varias empresas y una fundación que han recibido en los últimos tres años contratos y subvenciones de la Comunidad de Madrid que ascienden a 2 340.000 euros.
La esposa del vicepresidente de la Comunidad de Madrid Lourdes Cavero comparte con Carmen Cafranga la dirección de "Subastas Segre"; una rentable firma de arte de la que ambas son accionistas y en la que ocupan los cargos de presidenta y secretaria general respectivamente. La empresa obtuvo en 2007 unos beneficios de más de medio millón de euros.
Cafranga, socia de la familia González-Cavero en esta empresa de subastas, posee además varias empresas y una fundación mediante las cuales ha conseguido hacerse con numerosas adjudicaciones y subvenciones de la Comunidad. Sólo entre 2006 y 2008 la cifra percibida por esta consejera de Caja Madrid asciende a 2.340.000 euros.
La consejería de empleo y mujer le ha adjudicado la gestión de tres importantes centros ocupacionales; Una gestión que Cafranga realiza a través de distintas sociedades (de empresas SL) .La conserjería de asuntos sociales le ha concedido la gestión de varios centros de día. Así mismo Carmen Cafranga ha recibido en los tres últimos años subvenciones por valor de 800.000 euros para proyectos de su fundación en el exterior.
Cafranga Cavestany y la crisis de Caja Madrid
La socia del matrimonio González, es miembro de la comisión de control de Caja Madrid. Un órgano determinante para el desarrollo de la elección de los nuevos consejeros de la asamblea general que decidirán en septiembre al próximo presidente de la caja de ahorros
CONCESIONES SOSPECHOSAS DE IGNACIO GONZÁLEZ
1. Concesiones a Enrique Sánchez
Ignacio González y su esposa viajaron en marzo de 2008 a Johannesburgo (Suráfrica) en compañía del empresario Enrique Sánchez y del ex secretario de Estado de Comunicación Pedro Antonio Martín Marín. Los autores de uno de los informes sobre González aseguran que los billetes de avión en primera clase, cuyo importe ascendió a 8.356 euros, fueron abonados por el empresario como supuesto pago por contratos públicos recibidos. El vicepresidente aseguró que los billetes los había abonado él "en metálico", porque le "venía bien", y añadió que nunca había adjudicado "nada" a Enrique Sánchez.
El pasado 22 de enero, Público desveló que el Canal de Isabel II -que preside González- le había adjudicado en 2005 un contrato de 33 millones de euros a Segurisa, una compañía de seguridad cuyo principal accionista es Enrique Sánchez. El Canal tenía contratadas antes de esa fecha 150.000 horas anuales de vigilancia, que pagaba a 13 euros, mientras que a Segurisa se le concedieron 953.000 horas, a un precio cercano a 20 euros.
La Comunidad argumenta que el considerable incremento en el número de horas contratadas se prudujo por las lagunas de seguridad detectadas tras los atentados islamistas del 11-M, mientras que el importe de las mismas "está regulado por el convenio del sector".
Pero el contrato con Segurisa no es el único. Según consta en los documentos a los que ha tenido acceso este diario, el Canal de Isabel II firmó un segundo contrato con otra empresa de Enrique Sánchez. Se trata de Saneamiento y Mantenimiento Integral (Saminsa), que el 12 de enero de 2005 se quedó con la limpieza de edificios del Canal, por dos años y un importe de 2,6 millones (sin incluir el IVA).
2. Obras en carreteras autonómicas
Álvaro Lapuerta, que fue tesorero del PP hasta el año pasado, tuvo una tensa conversación con Ignacio González relacionada con la adjudicación de obras en carreteras controladas por la Comunidad. Lapuerta entendía que el proceso no estaba siendo limpio, circunstancia que negó el vicepresidente.
Las carreteras autonómicas dependen de la Consejería de Transportes. Este departamento es, precisamente, el que otorgó otro contrato multimillonario a Segurisa, la empresa del empresario con el que González viajó a Suráfrica. Se trata de una adjudicación para vigilar el Metro de Madrid, por importe de 25,9 millones de euros, aprobada en julio de 2006.
3. El campo de golf de Chamberí
El Canal de Isabel II otorgó, el 27 de diciembre de 2006, la gestión y explotación de un campo de golf y varias pistas de pádel, construidas sobre los antiguos depósitos de agua en el céntrico barrio madrileño de Chamberí, a un consorcio formado por las empresas Tecnoconcret, Soto Once e Iridium. La primera de dichas sociedades fue constituida por José Antonio Clemente, que resultó ser socio de un hermano y de un cuñado de González en otra sociedad llamada Tamanaco 07 Consulting, cuyo objeto social es precisamente "la promoción, instalación y explotación de instalaciones deportivas".
Tecnoconcret era una empresa que no tenía experiencia previa en el sector y cuya actividad era mínima cuando recibió la adjudicación del campo de golf. El importe de la concesión prácticamente dobló el previsto en el pliego de condiciones. González no se inhibió a la hora de votar en el Consejo de Administración del Canal ni avisó al resto de consejeros sobre cuál era su relación con el propietario de Tecnoconcret.
Los datos de esta adjudicación fueron publicados por la revista Tiempo en abril de 2007. González se defendió entonces argumentando que la empresa adjudicataria "no era de un familiar suyo". Era del socio de su hermano.
4. La plaza de toros de Las VentasEn el dossier de 69 páginas elaborado sobre el patrimonio y las actividades profesionales de González, se dedica una especial atención a la concesión para explotar la plaza de toros de Las Ventas. La facturación en esta plaza supera los 20 millones de euros al año y aproximadamente la mitad quedan de beneficios. El coso lo explotaba el empresario Simón Casas, pero en 2004 un polémico concurso le dejó sin la concesión, que pasó a manos de la empresa Taurodelta. Según se indica en el informe, "Simón Casas manifiesta públicamente que sabe (aunque no puede probar) que Nacho González obtuvo 50 millones de pesetas por esta concesión".
Taurodelta y otros dos empresarios crearon en 2005 la sociedad Taurovent, que pasó a explotar Las Ventas. Uno de esos empresarios era Fidel San Román, detenido en la Operación Malaya, que desarticuló una trama de corrupción en Marbella liderada por Juan Antonio Roca. En el dossier se recuerda que San Román admitió "haber pagado en distintas ocasiones a Roca".
5. Las televisiones digitales de MadridLa Comunidad de Madrid adjudicó en agosto de 2005 las televisiones digitales locales, en un proceso controlado en todo momento por el vicepresidente. En la demarcación de Madrid capital, recibieron la concesión siete empresas, controladas por Cadena Cope, Libertad Digital, Intereconomía, El Mundo, Onda Cero, Kiss FM y el productor Enrique Cerezo.
Estos siete medios de comunicación crearon, en diciembre de 2005, la empresa Teledifusión Madrid, cuyo objeto social es la gestión de las señales de las nuevas televisiones. Cada uno de ellos suscribió el 10% del capital y el 30% restante quedó en manos de una sociedad desconocida: Centanor Spain.
Esta empresa se había constituido justo un mes antes y su administrador único es Fernando Ruano, cuñado de Ildefonso de Miguel, el gerente del Canal de Isabel II y el más estrecho colaborador de González.
Pero el negocio no terminó ahí. Teledifusión Madrid contrató a la empresa Secuenzia Pixels para que pusiera en marcha y gestionara la red de las nuevas televisiones digitales. Y resulta que Secuenzia Pixels había sido fundada en 2003 por el propio Ildefonso de Miguel, quien, cuando pasó a trabajar en la Comunidad, dejó a la compañía en manos de su cuñado Fernando Ruano.
(
www.publico.es, 29/01/09)
GONZÁLEZ OTORGÓ UN CONTRATO MILLONARIO AL EMPRESARIO CON EL QUE VIAJÓ A SURÁFRICA
Una empresa pública que dirige el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, adjudicó un contrato por importe de 33,4 millones de euros a la empresa Segurisa, cuyo propietario invitó presuntamente a González a un viaje a Suráfrica. El número dos de Esperanza Aguirre reconoce que el viaje se produjo en marzo de 2007, pero asegura que lo pagó "en metálico" de su bolsillo.
Segurisa es una compañía de seguridad fundada en 1988. El socio mayoritario es Enrique Sánchez González, que posee algo más del 60% de las acciones, de acuerdo con los datos que figuran en el Registro Mercantil. En un dossier sobre el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que desveló esta semana El País, se asegura que Enrique Sánchez invitó a Ignacio González y a su esposa a un viaje a Suráfrica cuyo coste aproximado es de 8.000 euros. La invitación sería un supuesto pago por adjudicaciones recibidas por Segurisa. En declaraciones a dicho diario, Ignacio González aseguró lo siguiente: "El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada".
El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid desmiente la última afirmación de González. En su edición del 9 de marzo de 2006, figura una adjudicación del Canal de Isabel II a la empresa Segurisa, por importe de 33.489.078 euros.
El Canal de Isabel II es la empresa encargada de gestionar el agua en la Comunidad de Madrid y está presidida por Ignacio González.
El objeto del contrato recibido por Segurisa es la prestación de "servicios de vigilancia y seguridad en las oficinas centrales y otras dependencias del Canal de Isabel II". La adjudicación es por un periodo de dos años a razón de 16,7 millones de euros al año y se realizó por "procedimiento restringido". Este sistema impide concursar a todas las empresas de seguridad que lo consideren oportuno y limita el proceso a unas pocas compañías seleccionadas por el organismo que realiza la adjudicación.
Un portavoz oficial del vicepresidente González explicó a este diario que Segurisa ya se encargaba de la vigilancia de las instalaciones del Canal desde 2001 (cuando gobernaba en la Comunidad el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón). Entonces se contrataron con dicha empresa 150.000 horas anuales, por las que se pagaron dos millones de euros.
Tras los atentados del 11-M, diversos informes de la Guardia Civil recomendaron incrementar de forma significativa la seguridad de las instalaciones del Canal. Por ese motivo, la Comunidad convocó un nuevo concurso en 2005. Razones de "confidencialidad" llevaron a utilizar el procedimiento restringido, explicó dicho portavoz.
En el concurso participaron diez empresas y la adjudicación a Segurisa se produjo "por unanimidad del Consejo de Administración" del Canal. Esta vez se contrataron 953.000 horas por un importe de 33,4 millones de euros.
"MADRID NO TIENE NADA QUE VER CON EL ESPIONAJE"
Esperanza Aguirre -en la imagen, con el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, el pasado septiembre- insistió ayer en que su Gobierno no está relacionado con el espionaje, aunque añadió, en relación con los seguimientos a su número dos, Ignacio González, que debían "aclararse cuanto antes", porque "si se están elaborando informes, se está delinquiendo".
El 'número dos' de Aguirre pide al fiscal que investigue quién le espió
"Los autores han debido de estar muy cerca de mí", dice González en la denuncia
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, número dos del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP), presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia pidiendo que se investigue el espionaje del que supuestamente fue objeto durante dos viajes al extranjero, uno público y otro privado, realizados el año pasado. Esos "seguimientos parapoliciales", destapados por este periódico, no tienen autoría conocida, pero González sospecha que sus responsables pueden estar "muy cerca" de él. La Comunidad presentó anoche otra denuncia idéntica ante el juez de guardia.
"Llama la atención que, para realizar el seguimiento a mi persona, los autores de los hechos que se denuncian han debido utilizar información reservada, que en todo caso no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a mis desplazamientos, para organizar la grabación o las fotografías, y estar muy cerca de mí", afirma el vicepresidente madrileño en la denuncia presentada ante el fiscal. Los hechos -"desconociendo si su autoría ha de atribuirse a particulares, funcionarios o profesionales"- serían, según González, constitutivos de un delito de "descubrimiento y revelación de secretos", penado con hasta cinco años de cárcel.
La fiscalía no ve delito
La propia Aguirre había anunciado por la mañana que su Gobierno presentaría las denuncias para aclarar el supuesto espionaje, porque, "si se están elaborando dossiers, se está delinquiendo". Aguirre aseguró que la Comunidad de Madrid "no tiene nada que ver" con esos seguimientos y los desvinculó de otro caso denunciado la víspera por EL PAÍS: la existencia de un supuesto servicio secreto de vigilancia en el seno de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior que dirige Francisco Granados. "Se intenta mezclar interesadamente", protestó.
El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, que ayer por la tarde no había recibido aún la denuncia, ya ha adelantado, sin embargo, que él no ve delito. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje que es un personaje público, porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y eso, así, sin más, no es ningún tipo de delito [...] a menos que se vulneren derechos fundamentales como el derecho a la propia imagen o se intercepten sus comunicaciones", afirmó. Tanto Moix como el teniente fiscal, Carlos Ruiz de Alegría, y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, comentaron también la información de este diario sobre el supuesto servicio de vigilancia montado en la consejería de Granados y concluyeron que su asesor Marcos Peña, presunto jefe de la red, ha sido contratado "con publicidad" y que otras personas forman parte del organigrama como "asesores", por lo que no se atisba tampoco ninguna ilicitud.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Eduardo Esteban, abundó en declaraciones a Europa Press en que "hoy por hoy no hay nada. Podrá ser correcto o no, pero no es delito".
EL VICEPRESIDENTE DE ESPERANZA AGUIRRE FUE ESPIADO EN SUS VIAJES AL EXTRANJERO
Altos cargos sospechan que los seguimientos contaron con complicidades internas
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el hombre con más poder después de la presidenta Esperanza Aguirre, ha sido objeto de distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante sus viajes públicos y privados al extranjero. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.
González afirma que no es amigo de los empresarios citados en los informes
El seguimiento al dirigente regional en Colombia se hizo con cámara oculta
Altos cargos de la Comunidad de Madrid han asegurado a EL PAÍS que están "muy preocupados" ante estos seguimientos y que tienen "sospechas" de que los documentos y las imágenes que se incluyen en tales informes han precisado "la complicidad" de personal vinculado a la seguridad de la Comunidad de Madrid, ya que evidencian conocer muy al detalle su agenda personal.
Los altos cargos autonómicos manifiestan esta preocupación después de conocer que ex policías y ex guardias civiles al servicio del consejero de Interior, Francisco Granados, elaboraban informes sobre tramas de corrupción que afectaban a ayuntamientos madrileños dirigidos por socialistas.
Sin información interna de la propia Comunidad, resultaría casi imposible espiar, como ha ocurrido, al vicepresidente madrileño en Cartagena de Indias (Colombia), según fuentes autonómicas. Este desplazamiento oficial del vicepresidente, -lo hizo como responsable del Canal de Isabel II-, es vinculado, en uno de los dos informes, a distintas operaciones irregulares. Y evidencia que partieron de una información privilegiada para poder cazarlo fotográficamente cuando pisara suelo colombiano. Las personas que realizaron el seguimiento y grabación de Ignacio González conocían el día de llegada, el vuelo, el hotel en el que se iba a alojar, la habitación, y el programa de actos y visitas del vicepresidente madrileño. Sin esos datos, los supuestos espías nunca habrían estado justo en el instante en que González llegó a Colombia, y a escasos metros de él, pisándole continuamente los talones hasta la propia habitación del hotel donde se alojó.
Tan cerca, a tenor de las fotografías, como para formar parte del séquito o no inquietar con su presencia, según interpretan altos cargos de la Comunidad de Madrid consultados por este periódico.
El viaje de Ignacio González a Cartagena de Indias data de finales de agosto de 2008. En concreto, como apunta el informe, el 28 de agosto llegó a Cartagena de Indias en el vuelo AV8548, en clase business. El informe detalla que mantuvo una entrevista con el presidente colombiano Álvaro Uribe y luego desarrolla una teoría respecto a la connivencia del vicepresidente regional con una de las personas que se incorporaron a la comitiva, un constructor, J.B., que supuestamente tenía parentesco con el jefe de una trama delictiva.
Para agravar el guión, el informe incluye fotografías tomadas con cámara oculta que son explicadas así: "Acompañantes de Ignacio González acudiendo y entrando en el inmueble ubicado en..., acceden al inmueble con las bolsas blancas que se pueden apreciar y abandonando a los diez minutos el inmueble sin las citadas bolsas. González acompaña a estas personas que han viajado con él desde Madrid". El vicepresidente madrileño aseguró a este periódico: "A ese constructor del que habla el dossier no lo conozco de nada".
El segundo informe, fruto del otro seguimiento, es más simple: los espías consiguieron una fotocopia de los billetes de avión de Ignacio González y su esposa en viaje privado a Johanesburgo en vuelo de Iberia el pasado 16 de marzo. Aquí, la presunta acusación era que el viaje (unos 8.000 euros de coste) se lo regaló Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa, entre otras, y contratista de la Comunidad de Madrid, como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos multimillonarios. Todos los billetes de avión se pagaron en metálico. El contratista le acompañó, con su esposa, en tal viaje y pagó también en efectivo. González rechazó las acusaciones del informe: "Mi viaje me lo pagué yo en metálico porque me venía bien, y tengo factura de ello. El viaje me lo organizó un amigo que también vino. Fuimos a visitar al embajador de Suráfrica que es amigo nuestro y estaba a punto de ser relevado. El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada", explicó.
El Gobierno regional está ahora preocupado por conocer si los seguimientos tienen relación con la contratación por la consejería de Interior de la Comunidad de Madrid del ex policía, Marcos Peña, que dirige a un equipo de tres ex guardias civiles para tareas "de contravigilancia", según el consejero Francisco Granados. El propio Peña aclaró a EL PAÍS que entre sus trabajos figuran investigaciones sobre tramas de corrupción que afectan a dirigentes socialistas o sobre escándalos en el sector de las discotecas de la capital de España. Peña aseguró que en ningún caso había hecho seguimientos personales a políticos.
La Consejería de Interior asegura que nunca se ha ordenado la elaboración de informes relacionados con tramas de corrupción. Entre las competencias legales de la consejería de Interior no figuran tareas de espionaje por parte de los asesores, ni siquiera la recopilación de información sobre tramas de corrupción que están siendo investigadas por la administración de Justicia. Granados contrató al ex policía Marcos Peña en el verano de 2008. Con anterioridad, la Comunidad vivió otro supuesto caso de espionaje que acabó con la destitución del director general de Seguridad, Sergio Gamón, por registrar unas oficinas de la Consejería de Justicia y requisar un ordenador donde, supuestamente había un dossier contra el propio Granados, según explican dirigentes autonómicos.
El vicepresidente Ignacio González no es el único dirigente madrileño que se ha sentido espiado en los últimos meses. Otros tienen noticias de haber sufrido seguimientos. No faltan los anónimos que han llegado a hogares de destacados políticos populares, según han confirmado sus destinatarios.
UN VIAJE A CARTAGENA DE INDIAS GRABADO CON CÁMARA OCULTA
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta. Las imágenes que se captaron, algunas de las cuales se reproducen arriba, fueron incorporadas a un dossier donde se insinuaban prácticas irregulares por parte del vicepresidente autonómico
LA COMUNIDAD DE MADRID DENUNCIA EN LOS TRIBUNALES EL ESPIONAJE A IGNACIO GONZÁLEZ
El afectado presenta otra a título personal ante la fiscalía .- El consejero de Presidencia, Francisco Granados, califica de "delictivo" el seguimiento y pide comparecer en la Asamblea para explicarse
La Comunidad de Madrid ha interpuesto en la tarde de este martes una denuncia ante el juzgado de guardia para que investigue el espionaje y seguimiento al vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, que ha su vez lo ha hecho también ante la fiscalía a título personal.
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se trasladó en viaje oficial a Cartagena de Indias a finales de agosto de 2008. Durante su estancia en la ciudad colombiana fue objeto de seguimientos con cámara oculta-
Previamente, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, había declarado que la fiscalía no iba a actuar de oficio al no apreciar indicios de delito, aunque adelantó que abriría una investigación si recibía una denuncia al respecto, lo que finalmente ha sucedido. "Lo que se ha producido es un seguimiento a un personaje, que es un personaje público porque es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, y eso, así sin más, no es ningún tipo de delito", explicó, antes de añadir que "si hay otros datos nuevos, otros datos distintos, otro tipo de actuaciones, se puede valorar otra vez".
En la denuncia de la Comunidad se destaca que, para poder realizar el seguimiento al vicepresidente, los autores de los hechos que se denuncian tuvieron que utilizar forzosamente información reservada, que no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público, con la suficiente antelación para organizar la grabación y las fotografías publicadas por EL PAÍS.
Los servicios jurídicos regionales consideran que "se han producido, sin duda, y como mínimo, controles y grabaciones visuales clandestinas, revelación a terceros de imágenes y documentos personales, abusos informáticos sobre datos personales automatizados y apoderamiento de documentos". Y añaden que los hechos expuestos son "enormemente graves", por lo que creen necesario que se efectúen investigaciones por el órgano judicial competente sobre quiénes son los autores, y podrían ser constitutivos de "delitos de descubrimiento y revelación de secretos" tipificados en los artículos 197 a 201 del Código Penal.
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha precisado que la denuncia "no va dirigida contra nadie", y ha insistido en que lo que se pretende con esta acción es esclarecer "si es cierto que alguien está haciendo seguimientos, grabaciones o espionajes nada menos que al vicepresidente de la Comunidad de Madrid". Aguirre ha manifestado que el Ejecutivo regional es una institución que no tiene nada que ver con nada relacionado con el espionaje, y cree que si se están elaborando informes se está "delinquiendo".
Ignacio González ha calificado de "gravísimo" el seguimiento al que ha sido sometido en dos viajes, uno de carácter oficial y otro privado, y ha considerado que estos hechos incurren en un "grave delito" que atenta contra su persona. González ha confesado sentirse "absolutamente sorprendido" por las "investigaciones ilícitas" de las que ha podido ser objeto durante los últimos ocho meses. Gracias a ese espionaje, realizado en algún caso con cámaras ocultas, se han elaborado dos informes donde se aportan fotografías y documentos privados del vicepresidente de la Comunidad de Madrid y se le intentan atribuir conductas delictivas o irregulares.
Comparecencia
Por su parte, el vicepresidente del Ejecutivo regional, Francisco Granados, ha enviado un escrito a la Asamblea regional en el que solicita comparecer en la correspondiente Comisión parlamentaria de Presidencia, Justicia e Interior, como le habían pedido PSOE e IU.
Granados ha dicho que confía en que la actuación judicial permita conocer "quien está detrás de estos seguimentos ilícitos para que recaiga todo el peso de la ley", pues la fiscalía y la policía deben investigar "quién puede" montar un servicio de espionaje como el mostrado, "con tantos medios como para realizar seguimientos en sitios tan alejados como Colombia o Johannesburgo".
En una entrevista emitida este martes en Telemadrid, Granados subrayó que la información de EL PAÍS sobre el seguimiento a González no está relacionada con la noticia que este mismo diario publicó el lunes sobre la existencia de una red de espionaje a su servicio.
El consejero de Presidencia reconoció entonces que el responsable de este servicio, Marcos Peña, trabajaba para él como "asesor de seguridad", pero aclaró que la Comunidad de Madrid ejercía las competencias de seguridad dentro de la ley. Por su parte, Aguirre se limitó a cargar contra EL PAÍS por publicar tal información.
"Con nada relacionado con inteligencia"
El comisario jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Madrid, José Luis Conde, no ha querido hacer declaraciones sobre la noticia y se ha limitado a afirmar que su departamento "siempre trabaja los asuntos previa judicialización, es decir, que todas la autorizaciones están dadas por juez y con el conocimiento del fiscal". Conde ha incidido en que su departamento no trabaja "con nada relacionado con inteligencia, ni nada de esos temas".
EL GOBIERNO DE AGUIRRE SOPESÓ CREAR UN 'CNI' LEGAL AL SENTIRSE ESPIADO DESDE DENTRO
El vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), sopesó en junio de 2008 la creación de un servicio secreto legal al servicio de la Comunidad de Madrid. En realidad, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de neutralizar un temor: la creciente sensación de que altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban siendo espiados desde dentro de la institución para intentar campañas de desprestigio mediante dossiers. El propio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen. Aún hoy siente la misma sensación, a tenor del contenido de su denuncia, donde alude a la cercanía de los cómplices que hicieron posible el espionaje sufrido durante su viaje a Cartagena de Indias en agosto de 2008 y en su viaje a Johanesburgo en marzo de 2008.
Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar, trató con el vicepresidente madrileño la necesidad de crear el servicio secreto. Moro era amigo personal de Ignacio González. Ambos habían coincidido durante la etapa en que González era secretario de Estado de Inmigración del Ministerio del Interior y Moro combatía la inmigración irregular desde su puesto de Delegado del Gobierno en Ceuta.
Moro veía claro el problema que tenía el Gobierno de la Comunidad de Madrid cuando contactó con su amigo: "González y otros altos cargos estaban siendo objeto de vigilancia", seguimientos que conducían a la elaboración de dossiers contra él. "Necesitaba un servicio de información para protegerlo".
Moro explica así sus gestiones. "Hablamos de la posibilidad de algún servicio con el amparo y legitimación que tienen los del País Vasco y Cataluña. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad autónoma".
Moro reveló a EL PAÍS que por aquella época, los altos cargos de la Comunidad de Madrid estaban preocupados porque temían que estuvieran siendo espiados desde dentro.
Ignacio González recibió el borrador de servicio secreto y lo aparcó. "No lo vi conveniente y, además, era un tema competencia de [Francisco] Granados [consejero de Interior de la Comunidad de Madrid]", explicó a EL PAÍS. González enmarcó la propuesta de su amigo en un intento de anular o neutralizar los dossiers que se lanzaban contra él en aquellos tiempos. Ahora, al recordarlo, no le concede mayor trascendencia, si bien reconoce el hartazgo que sobre él pesaba de ser objeto de oscuras maniobras cuando surgió la iniciativa. Pero evita detallar qué o quién bloqueó tal proyecto dentro del Gobierno regional.
Cuando Moro y González hablaban de crear un CNI madrileño legal, por más que entrañara una dura batalla competencial conseguirlo, el consejero de Interior, Francisco Granados, estaba fichando al ex inspector de policía Marcos Peña, que asumió la dirección de un equipo de ex guardias civiles. Peña aseguró a este periódico que su grupo realizaba los informes que le pedía su jefe, Granados, que versaban sobre escándalos o corrupciones que afectaban fundamentalmente a municipios socialistas como Coslada, Ciempozuelos...
El propio Francisco Granados les atribuye unas funciones de contravigilancia, que Peña desmiente y que, según los expertos, la ley les impide ejecutar por carecer la Comunidad de Madrid de competencias para ello. Esta unidad, al igual que otra que dirige el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, con varios ex policías a sus órdenes, dependen del consejero Granados. No están bajo la estructura orgánica al mando del actual director de Seguridad que ni los tiene, ni los ha querido tener, bajo sus órdenes.
Su labor escapa así al común de los integrantes de la seguridad de la Consejería de Interior. Las labores definidas por Peña perfilan un auténtico servicio de información. Granados lo niega. En este contexto de creación de unidades "descontroladas" de la estructura ordinaria y jerárquica -sólo responden al consejero, según fuentes de su departamento-, se bloqueó y se vetó la creación de un servicio secreto legal y transparente al servicio de la Comunidad de Madrid, tal y como planteaba Moro. "Vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces", ofreció Moro a González. No fue atendido. "Y ahora esto que está lloviendo es tremendo", ironiza.
Moro conocía ya entonces la existencia de un servicio secreto clandestino al servicio de la Comunidad de Madrid. "Tenía alguna información de mis amigos, pero de amigos que no tienen que ver con la Comunidad autónoma. Empezaba a estar acreditado [la existencia de tal servicio secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios de la seguridad. Naturalmente, legales. No la mierda que se ha montado ahí. Las noticias que circulaban era que algunos altos cargos, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid".
El plan de montar un servicio secreto fue redactado por Moro junto a ex agentes del servicio de inteligencia español, con los que conversó EL PAÍS. Aseguran que su proyecto quería servir para captar información y compartirla con los servicios de información legales. Y querían evitar fichar a ex guardias o ex policías. "Porque se convierten en espías al servicio de sus cuerpos de origen". El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador entregado a Ignacio González, a "una necesidad específica de seguridad e inteligencia emergente en el Estado de las Autonomías". En dos folios, Moro resumía las virtudes de la nueva Sociedad:
- Solución afinada y eficaz. "Es una solución más afinada y eficaz ante la necesidad señalada, creciente en el actual contexto sociopolítico (...) acorde con otras experiencias más flexibles y acertadas impuestas en países de nuestro entorno occidental (por ejemplo, las Unidades de Inteligencia de ámbito departamental existentes en Francia", explicaba el texto.
- Recursos externos debidamente filtrados. El servicio secreto autonómico podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".
- Capitalizar las Brigadas de Policías Municipales.
Los impulsores de este CNI autonómico defendían la necesidad de un servicio de este tipo en la Comunidad de Madrid ante las amenazas terroristas y para "reorientar y capitalizar de forma adecuada las BESCAM (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid). Aguirre intentó crear su propia policía autonómica pero ante la imposibilidad legal de hacerlo, decidió subvencionar la contratación de policías municipales en los ayuntamientos madrileños y englobar a ese grupo de agentes bajo la denominación de BESCAM.
Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS aseguran que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para crear su propio servicio secreto: "El Estatuto de Autonomía de Madrid establece que las competencias de la Comunidad se circunscriben a la 'vigilancia y protección de sus edificios'. Ámbito que, como reitera a renglón seguido el Estatuto, se ejercerá 'respetando, en todo caso, los dispuesto en la Constitución Española'. En este marco competencial es obvio, y nada discutible, que la creación de un Centro de Inteligencia autonómico, que, por definición, exige todo un conjunto de actividades, eminentemente de carácter policial, para la recogida, almacenamiento, tratamiento y análisis de un amplio espectro de informaciones relevantes para la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y la seguridad de las instituciones, no está amparado en el marco competencial que la Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento reconocen a la Comunidad de Madrid".
ENTREVISTA: LUIS VICENTE MORO, Ex delegado del Gobierno del PP en Ceuta : "LES DIJE 'APLIQUEMOS A ESTO LEGALIDAD Y ASÍ OS QUITÁIS DE OSCURANTECES"
Luis Vicente Moro fue nombrado delegado del Gobierno en Ceuta en 1998 por el Ejecutivo de José María Aznar. Durante aquella etapa, que duró hasta 2004, cuando el PP perdió las elecciones generales, Moro gestionó información sobre seguridad muy delicada en un enclave conflictivo por los problemas de inmigración irregular y de mafias que traficaban con seres humanos.
Durante su etapa como delegado del Gobierno en Ceuta, Moro hizo amistad con Ignacio González, que trabajó en el Ministerio del Interior como secretario de Estado de Inmigración a las órdenes de Ángel Acebes en los últimos años de la segunda legislatura del PP, con José María Aznar como presidente.
Moro y González mantuvieron una relación de amistad e incluso siguieron colaborando en asuntos de seguridad. En junio de 2008, Luis Vicente Moro entregó a Ignacio González el borrador de un proyecto de servicio secreto autonómico, una especie de CNI (Centro Nacional de Inteligencia), ante la preocupación extendida en el Gobierno de Esperanza Aguirre, que se sentía espiado y quería protegerse.
Sólo unos meses antes de aquellos contactos entre Moro y González, ex agentes al servicio de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid estaban haciendo, sin amparo legal alguno y con dinero público, seguimiento a distintos altos cargos del PP, según se deduce de los partes diarios que elaboraron entonces. Tanto Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, como Alfredo Prada, ex consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y hoy alto cargo de la dirección nacional del Partido Popular, han denunciado ante la fiscalía los seguimientos de que fueron objeto durante los meses previos al último congreso nacional del PP, en el que Mariano Rajoy salió reelegido tras varios meses de tensos enfrentamientos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
El proyecto de CNI autonómico que le presentó en junio pasado el ex delegado del Gobierno en Ceuta al vicepresidente de la Comunidad de Madrid no cuajó. Luis Vicente Moro lo explica en la entrevista que ha mantenido con EL PAÍS.
Pregunta. Hubo un proyecto de servicio secreto legal para la Comunidad de Madrid en 2008 y que al final no salió. ¿Cómo fueron las gestiones?
Respuesta. Yo soy amigo personal de Ignacio González y coincidí con él en la época anterior. Hablamos de la posibilidad de crear algún servicio, con el amparo y la legitimidad que tienen los servicios en el País Vasco y en Cataluña. Era un servicio para proteger a los altos cargos de la Comunidad de Madrid, pero nada más que eso.
P. ¿Pero proteger informativamente?
R. Informativamente, porque yo creo que por aquella época estaban preocupados, o alguien estaba preocupado.
P. ¿Y por qué rechaza finalmente Ignacio González montar ese servicio? ¿Hasta dónde se llegó después de presentar el borrador?
R. El borrador... y no hubo nada más. No sé por qué lo rechazó... No lo rechazó, son esas cosas que se dejan encima de la mesa diciendo 'esto es interesante'. Y [González] no vería la necesidad en aquel momento, porque lo que está lloviendo ahora es tremendo.
P. ¿No lo rechazarían porque ya existía uno que no era legal y transparente?
R. Yo no lo sé. Allí parecía que había un aparato. Y lo que hacemos un amigo y yo es decir, 'vamos a aplicarle a esto legalidad y legitimidad y así os quitáis de sombras y oscuranteces'. Nada más que eso.
P. ¿Quién le dijo que existía un servicio secreto no transparente?
R. Tengo alguna información de mis amigos, que no tienen que ver con la Comunidad de Madrid. Empezaba a hacerse popular en los medios que están acreditados como grandes expertos en el sector de la seguridad, naturalmente todos ellos legales, no esa mierda que se ha montado ahí...
P. ¿Y qué noticias circulaban?
R. Las noticias que circulaban es que algunos altos cargos de la Comunidad de Madrid, especialmente Ignacio González, estaban siendo objeto de vigilancias por un aparato indeseado de áreas de la Comunidad de Madrid. No sé si esto es lo que está pasando ahora.
P. ¿Por qué pensaban que eran objeto de vigilancia?
R. Yo creo que Ignacio González tenía datos. En esta situación, a alguien de la Comunidad le molestaba Ignacio. Él pisó algunos callos. Un servicio secreto, si no nace con las condiciones de seguridad jurídica que nosotros planteamos modestamente, no puede estar en la Comunidad de Madrid. Y si no aparece en el organigrama, es un disparate absoluto. Yo no me preocupé más porque cuando nuestro papel durmió el sueño de los justos, yo me dediqué a mis cosas. Sé que Ignacio González es un currante que puede hacer daño a personas muy, muy, muy sinvergüenzas.
